MALTRATO A MUJER FUERA DE DISCOTECA
Mujer fue golpeada a la salida de discoteca ubicada al norte de la Ciudad de Pasto, el día 20 de noviembre del presente año (2012), donde la conducta agresiva de su novio por celos, se convirtió en un caso más de maltrato físico, moral, y de violencia contra la mujer. Una vez mas estos casos son analizados por la casa de justicia donde se iniciara un proceso de pacto contra la violencia a la mujer, la campaña viene iniciando desde el 20 de noviembre hasta finales de mes. Contará con eventos realizados en la plaza del carnaval de la ciudad, se espera un resultado bueno de parte de la comunidad donde se pretende dar a conocer una de las tantas problemáticas que se presentan en la Ciudad de Pasto por falta de tolerancia entre los mismos miembros de una comunidad, a causa de la juventud que es la que hace que hechos como estos se lleven a cabo por niveles de alcohol o consumo de sustancias psicoactivas dañinas para el comportamiento donde se observa que el maltrato por lo general se hace a la mujer, ya sea de parte del novio, esposo, o amigo.
Por: Catherine Lisseth Cerón Leytón
Delincuencia Juvenil
¿Consecuencia de la falta de políticas públicas, o de la escasa responsabilidad social?
Adolescentes y niños responsables de hurtos, homicidios, extorsión, terrorismo, secuestro; ésta es la agobiante realidad que diariamente presencian y son victimas los habitantes de la ciudad de San Juan de Pasto.
Actualmente, según el Fiscal Coordinador de la URI de Infancia y Adolescencia, Julián Trujillo, “hasta el mes de mayo del presente año, se han reportado 101 denuncias y 257 procesos en situación de flagrancia, para un total de 358 casos; y hasta el mes de septiembre se han reportado más o menos 750 casos”. Estos datos realmente son alarmantes, pues según las estadísticas dadas por el Fiscal es una suma que, en comparación con años anteriores, se ha incrementado de manera exagerada. Trujillo afirma que “esto se debe a que los adolescentes reinciden o se dan cuenta que la ley es muy lapsa”. Agrega que, “los mecanismos para judicializar a los adolescentes son mucho más garantistas que la ley para los adultos”.
Los delitos que estos jóvenes cometen van desde un hurto simple o tentativa de hurto (intentar sacar objetos de almacenes de cadena) hasta, extorción o terrorismo.
Muchos consideran que estos actos delincuenciales, generalmente, quedan en impunidad. Se comenta además, la ineficiencia por parte de las leyes y las organizaciones que, se supone, deben velar por el cumplimiento de las mismas.
Ahora bien, ¿qué están haciendo las entidades y políticas públicas para remediar y no dejar impune cada uno de estos casos? y ¿qué tan culpable es la misma sociedad de que esto ocurra? O únicamente ¿es responsabilidad de las políticas públicas?
Según el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006) en el que intervienen de manera directa el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Fiscalía General de la Nación, los ministerios, entes territoriales, el SENA y organizaciones no gubernamentales; se estipula su compromiso en respaldar investigaciones en cuanto a delitos cometidos por personas que están entre los 14 y 18 años de edad y, garantizar justicia y reparación del daño a las victimas.
El Fiscal Julián Trujillo comenta que, “la Fiscalía, los únicos medios que tienen para contrarrestar esto y para enfrentar esta delincuencia juvenil es: el código de infancia y adolescencia. Es un código que tiene muchas garantías frente a los adolescentes. Sin embargo se esta tratando de realizar las imputaciones, que es la comunicación que se le hace a los adolescentes o a los infractores de la ley penal. Se inicia una investigación por determinado delito en contra de ellos, y ellos en esa audiencia de imputación, pueden allanarse o no allanarse a los cargo.De igual manera existe una audiencia, la imposición de sanción, en donde la Fiscalía solicita al juez de conocimiento qué sanción pueden tener los adolescentes. Las sanciones pueden ser: la amonestación, la imposición de reglas de conducta, la libertad asistida, la libertad vigilada, y la privación efectiva de la libertad”.
En cuanto a las victimas, dentro de la fiscalía se plantean dos tipos: los mayores de edad y los menores de edad. Trujillo comenta que los mayores de edad “deben seguir los protocolos establecidos para la protección a victimas que trae el sistema de adultos. Y frente a las victimas menores de edad, lo que la Fiscalía hace es dar la orden a la policía de infancia y adolescencia, que hagan el requerimiento a algún CAI o a la policía, para que le presten vigilancia a las personas las cuales han sido victimas de algún maltrato o algún delito. Sin embargo, aquí paralelamente a la parte penal, que es lo que manejamos nosotros como fiscalía, se abre un proceso administrativo que esta a cargo del ICBF, aquí trabajan también tres defensoras de familia, y son ellas las que en ultimas toman las medidas de carácter administrativo que van a beneficiar tanto a las victimas, como a los mismos indiciados”.
Claramente, y como lo menciona el Fiscal, existe responsabilidad tanto en las políticas públicas como en la misma sociedad, puesto que existe una mala utilización del tiempo libre, existen hogares desestructurados, la violencia intrafamiliar, la falta de ingresos a esas familias y de igual forma aquí se incluye la falta de inversión social: educación, salud. Entonces no es cuestión de elegir quién es el culpable de esta problemática, sino que saber a dónde se puede acudir para denunciar estos acontecimientos y buscar la solución mas optima.
Madeleine Carolina Sánchez Narváez